La cardioprotección avanza en España, aunque lo hace a un ritmo desigual y con importantes retos aún por resolver.En los últimos cinco años los espacios cardioprotegidos han aumentado un 25 % en el conjunto del país. Este crecimiento responde a una mayor concienciación social e institucional sobre la necesidad de actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria, una de las principales causas de muerte súbita en entornos no hospitalarios.
Dentro de este contexto, Galicia ocupa una posición relativamente favorable, situándose como la sexta comunidad autónoma más cardioprotegida. En la actualidad, la comunidad cuenta con un desfibrilador por cada 2.066 habitantes, una cifra que la coloca dentro de la media estatal. Traducido a estándares más habituales, Galicia alcanza los 4,8 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) por cada 10.000 habitantes, un dato que, si bien muestra avances, sigue estando lejos de los países europeos y asiáticos más avanzados en esta materia.
La comparación internacional resulta especialmente reveladora. Mientras que España se mantiene en torno a esos 4,8 DESA por cada 10.000 habitantes, Francia alcanza los 14, y Alemania y el Reino Unido superan los 9. Aún más llamativo es el caso de Japón, considerado un referente mundial en cardioprotección, donde la ratio asciende a 25 desfibriladores por cada 10.000 habitantes. Estas cifras evidencian que, aunque el camino iniciado es positivo, España y Galicia todavía se encuentran lejos de los estándares óptimos para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia cardíaca.
La importancia de estos dispositivos no es menor. Numerosos estudios científicos coinciden en que el uso precoz de un desfibrilador dentro de los primeros cinco minutos desde que se produce una parada cardiorrespiratoria puede multiplicar las probabilidades de supervivencia. Cada minuto que pasa sin desfibrilación reduce de forma drástica las opciones de recuperación, lo que convierte la disponibilidad y accesibilidad de estos aparatos en un factor crítico.
A pesar del aumento del número de desfibriladores, existe un problema estructural que limita su implantación: la falta de una regulación homogénea y obligatoria. Galicia, junto con comunidades como Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Baleares, no exige por ley la instalación de desfibriladores fuera de los espacios sanitarios. Esto significa que su presencia en centros deportivos, edificios públicos, empresas, centros educativos o espacios de gran afluencia depende, en muchos casos, de la voluntad de las administraciones locales o de la iniciativa privada.
Esta ausencia de obligatoriedad genera desigualdades territoriales y deja sin cobertura a muchos entornos donde el riesgo de una parada cardíaca es real. Además, limita la creación de una red verdaderamente eficaz, ya que no basta con disponer de desfibriladores: es necesario que estén bien distribuidos, señalizados y acompañados de formación básica para la ciudadanía.
En contraste, otras comunidades autónomas sí han avanzado en este sentido, estableciendo normativas que obligan a instalar desfibriladores en determinados espacios o en función de criterios como el aforo o la actividad desarrollada. Estas regulaciones han demostrado ser un impulso decisivo para aumentar el número de dispositivos y normalizar su uso por parte de personal no sanitario.
El crecimiento del 25 % en los últimos cinco años es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, los datos también ponen de manifiesto que la cardioprotección en Galicia y en buena parte de España sigue dependiendo más de la concienciación que de la legislación. Avanzar hacia una normativa clara y común, acompañada de campañas de formación y sensibilización, sería un paso fundamental para reducir la mortalidad por paradas cardíacas y acercarnos a los niveles de protección de los países más avanzados. Porque cuando se trata de salvar vidas, cada desfibrilador cuenta y cada minuto importa.
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