Cardioprotección en el entorno rural

En los últimos años, la cardioprotección se ha convertido en una tendencia en claro auge. El elevado número de muertes causadas por paradas cardíacas en entornos no hospitalarios ha obligado a las instituciones públicas a tomar conciencia del problema y a destinar recursos para dotar a las ciudades de desfibriladores externos. Hoy en día, ya es habitual encontrar estos dispositivos en aeropuertos, estaciones, instalaciones deportivas o edificios públicos. Del mismo modo, el sector privado ha asumido su parte de responsabilidad y cada vez son más las empresas que apuestan por espacios de trabajo cardioprotegidos.

Sin embargo, esta evolución positiva plantea una pregunta inevitable: ¿qué sucede en el ámbito rural? Mientras las ciudades avanzan hacia modelos cada vez más seguros, muchos núcleos rurales siguen quedando al margen de esta red de protección, a pesar de que su población suele estar más envejecida y, por tanto, con mayor riesgo de sufrir una emergencia cardíaca.

Todos los estudios coinciden en un punto clave dentro de la llamada cadena de supervivencia: la aplicación de una descarga eléctrica mediante un desfibrilador debe realizarse en un plazo máximo de cinco minutos desde que se detecta la parada cardiorrespiratoria. Superado ese tiempo, las probabilidades de supervivencia descienden drásticamente. En las ciudades, donde los servicios de emergencia suelen estar más próximos y existen más dispositivos disponibles, ese margen puede ser viable. Pero en el medio rural la realidad es muy distinta.

En muchas aldeas y pequeños pueblos, no hay desfibriladores disponibles y la llegada de una ambulancia puede demorarse considerablemente debido a las distancias, el estado de las carreteras o la dispersión de la población. En estos casos, esos cinco minutos vitales se convierten en un reto casi imposible de superar. La consecuencia es clara: una mayor vulnerabilidad ante una parada cardíaca.

Un ejemplo que ilustra de forma contundente esta situación es el de José Manuel Galán, un policía jubilado que reside en la aldea ourensana de San Paio do Carballal (Montederramo). Galán se ha convertido en noticia tras tomar una decisión tan sencilla como trascendental: comprar un desfibrilador con sus propios medios para proteger a los siete vecinos que viven en este pequeño núcleo rural.

Su motivación nace de una experiencia personal muy dura. Tras jubilarse, se trasladó desde Madrid al pueblo ourensano en busca de tranquilidad. “A la semana de llegar presencié el fallecimiento de la madre de mi vecina por un paro cardíaco”, explica. Aquella vivencia fue un punto de inflexión. Conocedor de la importancia de una actuación rápida, Galán entendió que en su entorno no existían los medios necesarios para responder ante una emergencia de este tipo.

Según relata, la ambulancia tarda mucho en llegar, no solo por la distancia, sino también por el mal estado de las calles y accesos del pueblo. Ante esta realidad, decidió actuar. El desfibrilador ha sido colocado en la casa de uno de los vecinos y será debidamente señalizado para que cualquier persona, incluso visitantes que se encuentren de paso por la zona, puedan localizarlo rápidamente en caso de necesidad.

La iniciativa, aunque ejemplar, también pone de manifiesto una carencia preocupante. El propio Galán se lamenta de que el pueblo más grande de la zona, donde se encuentra el Centro de Salud, tampoco cuente con un desfibrilador. Una paradoja que refleja hasta qué punto la cardioprotección sigue siendo una asignatura pendiente en muchas áreas rurales.

La historia no ha pasado desapercibida y La Voz de Galicia se ha hecho eco de este gesto solidario y responsable. Más allá de la noticia puntual, el caso de San Paio do Carballal invita a una reflexión profunda: la cardioprotección no debería ser un privilegio urbano, sino un derecho básico también en el medio rural. Garantizar el acceso a desfibriladores y a formación básica en su uso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, incluso en los pueblos más pequeños.